El Tratado de Lisboa permite que los ciudadanos europeos hagan propuestas a la Comisión Europea para que esta inicie un proceso legislativo. De esta forma, los ciudadanos pueden participar en el diseño de políticas europeas de manera directa, de acuerdo con lo establecido por el Reglamento UE 211/2011 de 16 de febrero de ese mismo año.
The Netherlands / Tilburg, INTERREG : Improving water
©European Commission
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Para poner en marcha una nueva iniciativa hay que crear un comité de ciudadanos integrado como mínimo por siete ciudadanos de la UE residentes en, al menos, siete Estados miembros distintos, y con la edad requerida para votar en las Elecciones al Parlamento Europeo. Hay que tener en cuenta que una organización no puede presentar iniciativas ciudadanas, aunque sí promoverlas.
El comité de ciudadanos debe inscribir su iniciativa en el registro de la web antes de empezar a recoger declaraciones de apoyo de la ciudadanía. Una vez confirmada la inscripción en el registro, los organizadores disponen de un año para la recogida de firmas. Estas re realizan eligiendo la iniciativa a apoyar y rellenando el formulario que cada comité de ciudadanos ha preparado a tal efecto.
La Comisión procederá al examen de la iniciativa. En los tres meses posteriores a la recepción de una iniciativa:
Los organizadores se reunirán con representantes de la Comisión para explicar detalladamente las cuestiones que plantea su iniciativa. Además podrán presentarla en una audiencia pública organizada en el Parlamento Europeo. La Comisión aprobará un documento oficial que especifique, si las hay, las medidas que tenga la intención de proponer en respuesta a la iniciativa ciudadana y los motivos por los que haya decidido actuar o no hacerlo.
Las 16 iniciativas ciudadanas abiertas muestran la línea de propuesta ciudadana para mejorar la actuación política de la UE. La mas reciente: Teach for youth Erasmus 2.0 busca eliminar la desigualdad en la educación promoviendo que graduados y postgraduados participen en periodos de formación de uno o dos años en zonas rurales o urbanas de la UE con un nivel bajo de recursos.
Una de las primeras: El derecho al agua promueve el derecho al agua y al saneamiento como servicios públicos esenciales para todos.