La Unión Europea estimula medidas para una mejor eficiencia energética
LAURA CÁRDENAS/PABLO LÓPEZ
Un mejor aprovechamiento de la energía lleva siendo una realidad cotidiana. La Comisión Europea ha creado un nuevo paquete de medidas para lograr objetivos reales y fomentar una cultura más ecológica, desde el plano del ahorro energético.
Este ahorro no solo se notaría en las facturas mensuales, sino que también la Unión Europea busca que la necesidad exterior petrolífera y de gas sea la mínima. Sería aplicado en todos los pasos del proceso productivo, y la Unión se centrará en la renovación de edificios. Con esto, y otras medidas la Comisión Europea espera reducir un 20% su gasto hasta 2020, año en que estára en funcionamiento la Unión por la energía.
Las medidas que se contemplan en la Comisión para cada Estado son:
- Reducción anual del 1,5% de las ventas nacionales de energía.
- Los Estados miembros deben renovar al menos el 3% de los edificios ocupados por el gobierno central.
- Empleo de certificados de eficiencia energética en adquisiciones o alquileres de viviendas.
- Uso mínimo de energía en el etiquetado de muchos productos, como electrodomésticos, calderas o televisores. Se deberán fabricar aparatos como tales con eficiencia energética propia.
- La preparación de planes de acción nacionales de eficiencia energética cada 3 años.
- El despliegue de casi 200 millones de contadores “inteligentes” de electricidad y 45 millones para medir el gas, en el año 2020.
- Auditorías energéticas en las grandes empresas cada 4 años para conocer su estado de eficiencia.
- La protección del consumidor y sus derechos como son: recibir un fácil y gratuito acceso a los datos en tiempo real, y también al consumo histórico de la energía.
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Mariano Rajoy en la Comisión Europea © Presidencia de Gobierno |
Todo ello contribuirá a reducir el consumo doméstico, ahorrando alrededor de 465 € por vivienda en 2020. También se crearán nuevos puestos de trabajo en el sector secundario de empresas eficientes.
El Tribunal de Justicia y la política energética de la Unión Europea
ADRIANA ARRIETA/ANA MARÍA RODRÍGUEZ SEGURA
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene sede en Luxemburgo y se creó en 1952 con la finalidad de hacer cumplir la legislación de la Unión Europea. Es decir, que las leyes que emanan de ella se interpreten y se apliquen de la misma manera en todos los países miembros. Está compuesto por un juez de cada Estado miembro y 11 abogados generales. Además, existen dos tribunales más, el General (un juez de cada país de la UE) y el de la Función Pública (7 jueces).
En el caso del tema de la energía existe otro tribunal en la UE que tiene jurisprudencia sobre la actuación de las compañías electricas y su comportamiento en los mercados: el Tribunal de Competencia de la UE.
La principal función del Tribunal General es reslover los recursos de anulación que plantean particulares, empresas y a veces gobiernos nacionales, ante el incumplimiento de legislación europea. Se enfoca sobre todo en ayudas estatales, agricultura, marcas comerciales y energía.
Este último ámbito ha tenido mucho eco en los últimos años debido a la necesidad de los Gobiernos nacionales de buscar nuevas fórmulas para cumplir con las directrices que se plantena desde Bruselas. Es entonces cuando en materia de energía y cambio climático el Tribunal General toma más importancia.
Cuando haya alguna discrepancia en cuanto a la interpretación, entendimiento o queja sobre legislación, el caso se lleva al tribunal respectivo de cada país. En caso de no haber resuelto nada, se recurre a otro órgano de más poder, en esta dimensión, el Tribunal General toma más importancia.
Sobre las sentencias emitidas en 2014, varias empresas españolas se vieron involucradas en el proceso de anulación de un Real Decreto. Se trata del Real Decreto que obliga a las empresas españolas a comprar carbón autóctono, aunque resulte más costoso que el que no lo es. Así, los costes de las empresas aumentan y no pueden competir en igualdad de condiciones en el mercado europeo. La empresa Castelnou Energía S.L. junto con Greenpeace España, pidió la nulidad al Tribunal.
Los implicados por la parte de demandados eran el Reino de España, Hidroeléctrica del Cantábrico, EON Generación S.L., Comunidad Autónoma de Castilla y León, Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión).
Finalmente, el Tribunal General desestimó el recurso, e hizo cargar a la empresa demandante con los gastos propios y los de la Comisión Europea del juicio. Los demás implicados, incluso Greenpeace España, cargaron con sus propios gastos.
Guest post de la serie: 4 temas de la Unión Europea que queremos destacar:energía. Elaborado por: LAURA CÁRDENAS / PABLO LÓPEZ y ADRIANA ARRIETA / ANA MARÍA RODRÍGUEZ SEGURA
